ACTIVIDADES CAMPAÑA DE PSH 2014









































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EJES Y PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA NUEVA DE VIVIENDA
NADIE SIN HOGAR.NADIE SIN VIVIENDA


1.Desarrollo del mandato constitucional a los poderes públicos en el acceso, sostén y garantía de una vivienda digna y adecuada como derecho fundamental.
2.Desarrollo del patrimonio público de suelo cumpliendo con la legislación vigente.
3.La totalidad de las ayudas (a promotores y familias) se deben concentrar en la VPO en alquiler y en el fomento del alquiler de vivienda en general.
4.Desarrollo de vivienda pública en alquiler (nueva y rehabilitada), de promoción directa. Para lograr este objetivo, los Planes de Vivienda deben incluir medidas de fomento (financiación, suelo, fiscalidad, etc.), excluyendo cualquier ayuda la compra de cualquier tipología de vivienda.
5.Ayudas a la inversión en la ciudad consolidada frente a la producción de nueva vivienda y fomento de actuaciones de rehabilitación integrada de barrios mediante intervenciones en colaboración con otros sectores sociales (empleo, formación, etc.).
6.Fomento de la ocupación de vivienda vacía mediante ayudas combinadas al alquiler y la rehabilitación, con la participación de las agencias regionales de alquiler y rehabilitación de vivienda.
7.Inversión en gestión integrada de vivienda y condiciones de vida, desarrollando agencias públicas de intervención en alquiler de vivienda y rehabilitación integrada de conjuntos urbanos degradados física y socialmente.
8.Desarrollo de un sistema de información residencial que produzca información fiable e independiente y actualizada que permita formular medidas adaptadas a necesidades específicas y de calidad.
9.Reformulación de los actuales Planes Cuatrienales de Vivienda en función de objetivos globales de política de vivienda (alquiler, social, rehabilitación integrada y promoción pública de vivienda en alquiler).
10.Desarrollo de estrategias de planeamiento urbanístico y residencial de carácter supramunicipal y suprarregional, con sistemas de control y participación y decisión públicas, que sirvan para luchar contra la corrupción urbanística e inmobiliaria.




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